Robin Hood al revés: la crisis del Estado brasileño

José Manuel Silva

Tomo prestado el sorprendente título de un artículo publicado el 13 de septiembre en el Financial Times. Allí se detalla la increíble máquina de pagar favores y súper pensiones para altos funcionarios que es el Estado brasileño, y que tiene sumido al gigante regional en una década perdida. Las elecciones de este fin de semana podrían generar un cambio copernicano en el país y en nuestra región.

El artículo del FT está plagado de datos que demuestran por qué el gran problema de Brasil es fiscal (un déficit anual superior a 7% del PGB y una deuda del Estado que supera el 80% del PGB). Por ejemplo, se señala que el 20% más rico recibe más del 50% del gasto del sistema de pensiones de reparto. Durante 2016, Brasil gastó casi 500 mil millones de reales para 29 millones de pensionados del sector privado, entregando una pensión promedio anual de 17 mil reales (unos 260 mil pesos chilenos al mes). Al mismo tiempo, gastó 110 mil millones de reales para un millón de pensionados del sector público, los que recibieron una pensión promedio anual de 113 mil reales (1,7 millones de pesos al mes).

En 2017 la pensión promedio para los jueces jubilados era de $3 millones mensuales; la de los legisladores fue 40% superior. Los “servidores públicos” muchas veces se jubilan a comienzos de su cincuentena con el último salario. El problema es que hoy menos de un brasilero sobre 10 supera los 65 años. En 2060 será de uno de cada cuatro. El déficit del sistema previsional ya asciende a 4% del PGB y el Estado federal se está gastando más de 75% de sus ingresos en pensiones, asistencia social y salarios.

Todo esto hace que el Estado deba recaudar un 34% del PGB, más que cualquier país en desarrollo, para solventar sus gastos. Ello asfixia en impuestos al sector privado, que apenas puede invertir. Sin inversión, Brasil no crece. Sin crecimiento, la trampa del sobreendeudamiento se hace mortal. Como señaló una publicación de Barclays (“Political labyrinth”, 22/10/2015), “Brasil se encuentra en una profunda crisis política… [ella] se debe al modelo económico implícito en la Constitución de 1988, cuyo énfasis es el gasto social y que ha resultado en una protección de los salarios reales. El sesgo social de la Constitución ha provocado un alza del gasto público en promedio equivalente a 0,4 % del PGB cada uno de los últimos 25 años. La indexación ha hecho del gasto público algo rígido. En 2012 un 74% del gasto público se dedicaba a pagos directos a la población (seguridad social, beneficios de bienestar, salarios), mientras que esta cifra absorbía un 39% del presupuesto el año 1987.”

Un reciente estudio (Scotiabank Global Outlook) compara el valor presente del pasivo pensional y de salud de Brasil con otros países emergentes: más del 250% del PGB, cuando en la mayoría no supera el 50%.

El próximo gobierno deberá enfrentar el desafío fiscal y probablemente ello pasa por cambios constitucionales. La primera reforma debe ser la de pensiones. Temer estuvo a punto de sacar una, pero parte del millón de privilegiados la boicotearon. Es por esto, también, que el mercado se ha entusiasmado con Bolsonaro, porque ve en él una esperanza para realizar las reformas estructurales que un gobierno de minoría o desprestigiado no podía hacer. Si el ex militar sale elegido este fin de semana (altamente probable) y logra iniciar un proceso de reformas que reactive el motor de crecimiento brasileño, ello puede ser un cambio sustancial para el resto de la región. De lo contrario, Brasil deberá enfrentar su destino fiscal sin orden y sin progreso.